También en febrero, pero al año siguiente, surgió otro problema, en este caso por los árbitros. La causa fue la sanción de quince días sin pitar que Luis Tena, juez único del Comité de Competición, impuso al colegiado catalán Víctor Mas por no reflejar en el acta de un Barça-Madrid la razón (el lanzamiento de una moneda que le dio en la cabeza) por la que se había desplomado al suelo el jugador visitante Fernando Romay. Los árbitros amenazaron con una huelga, Tena dimitió y la Federación Española levantó el castigo. Pero la ACB recurrió esta decisión y el 29 de marzo (aunque unos días antes ya se filtró lo que iba a ocurrir) el Comité Superior de Disciplina Deportiva (CSDD) dio la razón a la Asociación, al entender que no se ajustaba a la Ley del Deporte el artículo del reglamento de la FEB en que esta había basado el perdón.
El presidente del Comité Nacional de Árbitros, Ángel Sancha, quedó muy tocado. Y más cuando perdió la confianza de la Asociación de Árbitros, presidida por el colegiado Juan Carlos Mitjana, que sería la que negociaría con la ACB un importante aumento de sus cuotas, algo que implicaba de hecho la profesionalización. La Asociación de Clubs propuso dejar a Sancha en la presidencia, pero de un modo simplemente honorario, y traspasar a Santiago Fernández, que dirigía el Colegio Catalán de Árbitros, sus funciones relativas a la ACB. Pero los colegiados, reunidos en Madrid el 7 de julio, no aceptaron el relevo y mostraron su apoyo incondicional a Sancha. Lo cual provocó la indignación de la ACB, que en una nota lamentaba que eso fuera en contra de “la necesaria independencia del máximo responsable del arbitraje, como primer paso para crear una estructura profesional acorde con las exigencias de nuestro baloncesto”.
Al mes siguiente los árbitros viraron el rumbo y reforzaron la idea de la Asociación de Árbitros presidida por Mitjana e independiente del Comité Arbitral. El presidente de la Federación Española, Pere Sust, replicó de inmediato, ratificando su confianza en Sancha y asegurando que los árbitros seguirían dependiendo de éste, porque “este asunto compete exclusivamente a la FEB”, aunque también añadió que en la Liga que comenzaría un mes después los árbitros serían designados por sorteo.
Pero, al margen de nombres propios, el problema se enquistó por la petición de la Asociación de Árbitros, unos días antes del comienzo de la Liga 90-91, de un aumento de un 66% de sus cuotas. Sancha aseguró a la ACB que no habría huelga, pero no estaba nada clara su ascendencia real sobre todos los árbitros en aquel momento tan complicado. Una maratoniana reunión en Madrid el 17 de septiembre salvó el inicio de la competición, con un acuerdo sobre las cuotas, pero trajo la sorpresa de la dimisión de Sancha, motivada, en sus propias palabras, porque “los árbitros no han sabido interpretar mi gestión en esta negociación con la ACB”.
Todavía habría otro golpe de teatro: Sust no aceptó la dimisión porque, según explicó, “la enorme mayoría de los árbitros se han solidarizado con Sancha”. Y este se volvió atrás de inmediato y continuó en su puesto.
Por otro lado, la ACB se había negado a nombrar un sustituto para Tena y durante unos meses los asuntos disciplinarios pasaron a depender del Comité de Competición de la FEB, si bien al comienzo de la temporada 90-91 la ACB recuperó la figura del juez único. Antonio Gómez fue el elegido.